Con 106 votos afirmativos y 2 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó, durante la Sesión Plenaria Ordinaria N.º 1017, la Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado, que beneficiará directamente a las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos.
La normativa establece que estas jurisdicciones recibirán 1 dólar por cada barril de petróleo industrializado, cuya distribución se realizará entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la siguiente manera:
✔️ 50% para los municipios.
✔️ 40% para las prefecturas.
✔️ 10% para las juntas parroquiales.
Este proyecto es considerado un acto de reparación histórica, ya que estas provincias han afrontado por décadas las consecuencias ambientales y sociales derivadas de la explotación petrolera, sin una retribución justa.
El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, resaltó que este logro va más allá de recursos inmediatos:
«No estoy aquí por dinero para esta alcaldía, prefectura o juntas parroquiales, sino por las futuras generaciones. Estoy aquí por ese amor profundo que siento por mi cantón y mi provincia.»
Por su parte, la asambleísta Paola Cabezas Castillo recordó la gravedad de la situación actual:
«13 días después de la Emergencia en Quinindé, por derrame petrolero, Esmeraldas fue declarada zona de desastre.
Esta Ley hace justicia y permitirá que las provincias puedan resarcir parte de las consecuencias de la explotación.»
El asambleísta Lenin Lara Rivadeneira, destacó la responsabilidad con la que se construyó la normativa:
«Este proyecto de Ley está bien planteado y ha sido trabajado en conjunto con las autoridades locales y los legisladores, con total responsabilidad.
Detrás de esta Ley hay un pueblo que clama justicia. Son evidentes los daños de estos territorios y no ha sido histórica la retribución ni la atención.»
Desde la bancada oficialista, el legislador de ADN; John Polanco subrayó:
«No podemos ser ajenos a las expectativas de los esmeraldeños, de Sucumbíos y de Santa Elena. Por ello votamos a favor, más allá de ciertas observaciones.»
La aprobación de esta Ley marca un avance significativo para estas provincias, que a partir de ahora podrán contar con recursos económicos permanentes para atender las necesidades de sus territorios, fortalecer su desarrollo y mitigar los impactos derivados de la actividad petrolera.


